Para la construcción de una cultura de ética pública es necesario contar con criterios éticos que orienten el actuar de las personas servidoras públicas hacia la honestidad, la transparencia, la integridad y la rendición de cuentas que los sensibilice sobre la importancia del apego a la legalidad y del papel ejemplar que deben desempeñar ante la sociedad.

En este sentido, al generalizar la adopción de estos criterios éticos por parte de las personas servidoras públicas de Secretaría de Gobierno y sus organismos desconcentrados se logrará una transformación cultural.

De tal forma que al fortalecer el Estado de Derecho a través del arraigo de una cultura de apego a la legalidad es una tarea de todas las personas servidoras públicas de la Administración Pública Estatal, de importancia trascendental por ser ejemplo para la ciudadanía.

El Poder Ejecutivo del Estado de Campeche a través de las dependencias y entidades de la administración pública estatal, centralizada y paraestatal, promoverá y cuidará que se cumplan los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, economía, disciplina, profesionalismo, objetividad., transparencia, transparencia, rendición de cuenta, competencia por mérito, eficacia, integridad, equidad, así como los valores éticos de interés público, respeto, respeto a los derechos humanos, igualdad y no discriminación, equidad de género, entorno cultural y ecológico, cooperación, liderazgo, que deben observarse en el desempeño de los empleos, cargos o comisiones del servicio público y en la administración o planeación de los recursos económicos y bienes de los que disponga el Estado; con una actitud de servicio, compromiso, calidez en la atención y en el trato como normas de conducta de los servidores públicos al servicio de la comunidad; con el firme propósito de que impere una conducta que fortalezca a las instituciones públicas y responda a las necesidades de la sociedad.

El Código de Conducta de la Secretaría de Gobierno y sus Órganos Administrativos Desconcentrados, es el instrumento que da certeza plena a sus servidoras y servidores públicos sobre el comportamiento ético al que deben sujetarse en su quehacer cotidiano, éste debe ser adoptado íntegramente para constituirse en una forma de trabajo y un estilo de vida, con el propósito de continuar trabajando en favor de la gobernabilidad del Estado y sus instituciones.